El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Delia Campomanes, informó ayer de que ha salido a licitación una actuación que engloba el derribo de cinco inmuebles por ejecución sustitutoria. Unas acciones que se realizan siempre después de varios requerimientos de forma oficial a las personas propietarias –responsables últimas del estado de sus inmuebles– y cumpliendo siempre con todos los requisitos y procedimientos legales. En concreto, la actuación que ha salido a licitación, con una inversión prevista de algo más de 88.000 euros (IVA incluido), engloba la demolición por ejecución subsidiaria de dos inmuebles en Entrerríos, dos en El Lago y uno en Santo Emiliano. Cabe recordar que el dinero que se invierte en estos trabajos se reclama posteriormente a la persona o personas propietarias.
Toda la información sobre este proyecto (prescripciones técnicas y administrativas…) se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público a la que se puede acceder a través del Perfil del Contratante de la página web municipal. El plazo para la presentación de ofertas termina el 15 de abril.
Desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible se recuerda a las personas propietarias de los inmuebles “su responsabilidad de mantenerlos en buen estado y se pide que se tengan en cuenta los avisos previos que se hacen desde la inspección urbanística para evitar que llegue a ser declarado en ruinas”. Una labor que en ciertas ocasiones cae en saco roto, por lo que los ayuntamientos se ven obligados a desarrollar planes de derribo de ruinas, con un coste para las arcas municipales que posteriormente no siempre se puede recuperar.
La prioridad que se marca el Ayuntamiento de Mieres a la hora de decidir qué inmuebles derriba por ejecución sustitutoria es clara: “peligrosidad, salubridad y, por último, el ornato”. El Gobierno local ha duplicado en los últimos años la partida destinada al derribo de inmuebles en ruina por ejecución sustitutoria, que asciende ahora a 200.000 euros anuales, con el objetivo “de poder actuar evitando situaciones de riesgo y afrontando los problemas de salubridad que este tipo de inmuebles pueden causar”.