Los sindicatos aplaudieron ayer el plan formativo que acaba de lanzar el Instituto de Transición Justa, que destinará 20 millones de euros para reciclar a los trabajadores afectados por el cierre de la minería de carbón y las centrales térmicas. En Asturias, beneficiará a 1.120 personas. No obstante, desde el ámbito sindical se quiso poner el foco en los excedentes de la minería que componen la bolsa de empleo, formada por 280 personas, para que se acelere su empleabilidad en los trabajos de restauración de minas. Para que, posteriormente, puedan acceder a este plan de formación. El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, destacó que “valoramos muy positivamente el programa de asesoramiento y recualificación profesional, que forma parte del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia dotado con 20 millones de euros, y que va destinado a la recualificación profesional e inserción laboral de los trabajadores excedentes de sectores afectados por la transición energética”.
Esta iniciativa “se materializa tras las negociaciones y acuerdos en los que hemos participado activamente desde el SOMA-FITAG-UGT porque creemos firmemente en la necesidad de que la transición sea justa socialmente con unos territorios y unos trabajadores que han visto truncado su proyecto vital, y donde la expresión ‘no puede quedar nadie atrás’, debe ser algo más que unas simples palabras”.
Sin embargo, en el sindicato no se olvidan de otros trabajadores que llevan ya tres años esperando para volver al tajo. Se trata de los excedentes de la minería que forman parte de la bolsa de empleo, unas 280 personas inscritas. “No podemos dejar de señalar que nuestra prioridad más absoluta e inmediata pasa por la empleabilidad de los trabajadores de la bolsa de excedentes, trabajadores con nombre y apellidos, con unas condiciones determinadas por su pérdida de empleo, y que necesitan acceder a los trabajos de restauración medioambiental lo antes posible”. Más tarde, ya podrán abordar “estos procesos de recualificación y empleabilidad, en nuevos sectores emergentes, que les permita construir su proyecto de vida en unos territorios que no pueden seguir perdiendo actividad ni población”.
La postura del SOMA es muy similar a la que ofrecían un día antes los alcaldes que forman “Municipios en Transición Justa-ACOM” (antigua Asociación de Comarcas Mineras de España), quienes demandaban que, además de la formación, también se implanten empresas de los sectores que integran el plan. Su presidente y alcalde de la localidad leonesa de Villablino, Mario Rivas, destacó que “avalamos que se forme a las personas, pero también que esto sirva para que se implanten empresas de energías renovables en nuestros territorios”. El plan de formación del Instituto de Transición Justa, que también beneficia a los trabajadores afectados por el cierre de centrales nucleares, llegará a un máximo de 4.000 personas hasta el año 2023. La distribución por autonomías se realizará en función de cómo ha afectado el cierre de las minas y las centrales, con lo que serán hasta 1.120 los extrabajadores beneficiados en Asturias.
En cuanto a la temática de la formación que se ofrecerá, se divide en dos, energías renovables y medio ambiente. Instalaciones fotovoltaicas en suelo, plantas solares y parques eólicos, autoconsumo fotovoltaico, solar térmica, geotérmica y rehabilitación integral y energética de viviendas serán algunos de los sectores donde se actuará, además de restauración ambiental, recursos forestales o tratamientos silvícolas.