Un conocido ganadero de Mieres vinculado al Monte Llosorio se enfrenta a tres años de cárcel por defraudar a la Seguridad Social más de 380.000 euros. La Fiscalía, tras celebrarse ayer el juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincia, mantuvo igualmente la solicitud de ocho meses de prisión para su hijo, al considerar que actuó como cómplice. La acusación pública pide para el citado ganadero mierense, además de pena de prisión, una multa de 770.816,38 euros. Se trata de una cantidad que supone justo el doble de lo que supuestamente defraudó a la Seguridad Social. Para su hijo la multa solicitada asciende a 200.000 euros. La Fiscalía considera probado, a la espera de lo que dictamine la sentencia, que ambos, padre e hijo, articularon un entramado con empresas pantalla para evitar pagar a Hacienda.
El acusado, de 61 años, viene dedicándose desde hace más de 25 años a la actividad empresarial de venta al por menor de productos cárnicos. El Fiscalía le achaca un “sistemático y fraudulento impago de las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores y de él mismo como autónomo”. Para ello, siempre según la acusación pública, se servía de “un entramado de sociedades diversas administradas o controladas por él, que se sucedían o alternaban en el tiempo y que utilizaba indistintamente para dar de alta a sus trabajadores y facturar a conveniencia para ocultar ante la Seguridad Social el verdadero responsable de la obligación, así como su patrimonio”.
Al ganadero se le juzgó por irregularidades detectadas entre 2014 y 2017. Para el desarrollo de esta fraudulenta actividad empresarial utilizó hasta tres sociedades distintas. La primera de ellas fue constituida en 2000, siendo el acusado su administrador único desde entonces. La tercera se puso en marcha en 2003 y su objeto social inicial era la compraventa de vehículos. Si bien estaba sin actividad desde 2007, el 7 de noviembre de 2016 fue dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social con un código de cuenta de cotización principal de comercio al por menor de carne. En agosto de 2015 fue nombrado administrador único “un mero testaferro”, pues se prestó a figurar para ocultar al verdadero gestor de la sociedad, “permitiendo que este pudiera continuar con su operativa defraudatoria”.
Con una de las sociedades el acusado explotaba cuatro carnicerías. Tenía dados de alta como trabajadores en esta empresa a cinco personas. Siempre según el Ministerio Fiscal, en el desarrollo de su dinámica operativa procedió a dar de baja a estos trabajadores en la empresa y les dio de alta en las otras del conglomerado, pese a mantener al menos a los tres primeros en sus mismos centros de trabajo. Por otra parte, indicó a sus proveedores que pasaran a facturarle la mercancía que le suministraban a nombre de las sociedades pantalla, lo que así hicieron al desconocer la finalidad perseguida por el acusado.
Las sociedades pantalla ocultaron patrimonio, pues no abonaron cuota alguna de los seguros sociales de los trabajadores ni declararon a Hacienda sus operaciones con terceros y, además, pagaron a sus proveedores y trabajadores con entregas en efectivo.
Fuente: LNE