Acontrarreloj. Así van a tener que trabajar los ayuntamientos beneficiados por los fondos mineros del Plan del Carbón 2013-2018 hasta final de año si quieren realizar sus proyectos con cargo a estas partidas de reactivación. A día de hoy, de las sesenta actuaciones planificadas en Asturias por valor de 94 millones de euros, 42 de ellas deben de ser ejecutadas por los ayuntamientos. Y el proceso de licitación debe de estar cerrado antes de fin de año. La normativa de esta convocatoria de fondos mineros, que llega ya con un importante retraso, establece unos plazos bastante ajustados. No solo los proyectos han de estar licitados este año, sino que la fecha tope para la conclusión de las obras es el 30 de septiembre de 2023, es decir, en poco más de dos años. Si los requisitos no se cumplen, el dinero no llegaría, y si la obra está hecha, cada ayuntamiento tendría que pagarla con fondos propios.
Los ayuntamientos mineros solamente han firmado con la administración autonómica una docena de los 42 proyectos que se tutelarán desde el ámbito local. Otras dos iniciativas, que dependen de la consejerías de Presidencia y Vivienda, ya tienen autorización para licitarse. El resto, casi una treintena, aún no tienen el convenio entre ayuntamiento y Principado rubricado. Desde el Gobierno regional consideran que se puede cumplir con los plazos. Fuentes del ejecutivo de Adrián Barbón indicaron que “este paso no debería ser un impedimento para que los ayuntamientos fuesen avanzando la tramitación y elaborando los correspondientes pliegos, con lo que las obras se podrían licitar de forma inminente tras la firma”.
Uno de los problemas con los que se enfrentan los Ayuntamientos son la interpretación de los convenios por parte de los trabajadores municipales. En algunos no hay problemas para ir adelantando el “papeleo”. En otros, sin embargo, exigen que el convenio esté ya rubricado, y ahí llega el problema de plazos.