El Pleno de Mieres volvió a ayer a la presencialidad tras año y medio de restricciones por la pandemia. Toda la Corporación, como se aprecia en la foto, pudo participar en la sesión del principal órgano de representación municipal. Hasta ahora, solo los portavoces de cada grupo acudían a los plenos, junto con los principales miembros del gobierno local. El resto participaba online, lo que dificultaba la agilidad de las reuniones mensuales. El concejal de Personal y Recursos Humanos, Francisco García (IU), fue ayer tajante: “En el Ayuntamiento de Mieres solo entrarán nuevos trabajadores a través de ofertas públicas de empleo convocadas con todas las garantías de transparencia”. Este matiz parecería superfluo de no ser por el dato que aportó a continuación. El 90 por ciento de los trabajadores laborales que integran la plantilla municipal ocupan sus puestos de manera “irregular”. Dicho de otra manera, no accedieron a los mismos a través de ofertas públicas de empleo, sino a través de otros procedimientos de contratación temporal que, bien por defectos de forma o mala aplicación de los mismos, terminaron facilitando la continuidad de unos trabajadores que acabaron adquiriendo la condición de interinos.
El PSOE pidió ayer en el Pleno que en momentos puntuales la plantilla municipal pueda reforzarse con personal temporal proveniente de las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). El gobierno local de IU rechazó la propuesta y la explicación de esta postura pone en solfa las contrataciones que se hicieron antes de 2011, cuando, coincidiendo con la llegada de IU a la Alcaldía, la crisis económica y las nuevas directrices estatales suspendieron por completo la contrataciones en el ámbito público.
De los aproximadamente 220 trabajadores laborales del Ayuntamiento de Mieres, solo 19 tienen su plazas en propiedad tras haber superado los pertinentes procesos de oposición a través de una oferta pública de empleo, procedimiento demandado por la ley. Cuatro de ellos, además, acaban de incorporarse a la plantilla. Y es que hasta que en 2018 el actual gobierno de Aníbal Vázquez retomó las ofertas públicas de empleo, tras liberarse de las restricciones impuestas por los planes de ajuste a través de los que se saneó la deuda municipal, el Consistorio sumaba 16 años sin abordar un procedimiento de estas características.
La totalidad de los más de 200 trabajadores laborales que integran la plantilla municipal sin tener la plaza en propiedad accedieron a sus puestos antes de 2011. Los actuales gestores municipales calificaron ayer su situación de “irregular”. Son indefinidos, pero no fijos. Si el Ayuntamiento de Mieres decidiese convocar oposiciones para cubrir legalmente las plazas, “tendría que concurrir como un aspirante más”. El gobierno local, tras analizar la actual situación laboral, cifra en el 90,47% el número de trabajadores que ocupan su puesto sin haber superado los procesos que demanda la normativa laboral.
Contratos relevo que se volvieron permanentes, servicios temporales subvencionados por el Principado que adquirieron también la condición de permanentes sin estar inicialmente así previsto o contratos que caducaron sin que, simplemente, el consistorio les pusiera fin. Los portavoces municipales consultados ayer por este diario explicaron que son variados los procedimientos por los que decenas y decenas de trabajadores se han quedado indefinidos en el Ayuntamiento de Mieres de manera anómala. “Muchos de ellos reclamaron en los juzgados y el consistorio prefirió entonces mantenerlos en sus puestos antes de que indemnizarlos e iniciar un proceso de contratación en base a la regla de méritos e igualdad de oportunidades”.
Un ejemplo que ilustra el cambio de las políticas de empleo son las indemnizaciones pagadas a los trabajadores del plan de empleo de 2015 que denunciaron judicialmente al Ayuntamiento tras realizar tareas propias del personal fijo municipal percibiendo por ello sueldos sensiblemente inferiores. Algo más de medio millón de euros recibieron, en global, los 31 trabajadores que reclamaron por vía judicial su reincorporación al Ayuntamiento aún sabiendo que su contrato era por un año. De esta forma se evitó que pasaran a engrosar la plantilla laboral del consistorio. Y es que el actual gobierno local es tajante: “Aquí ya no hay margen para posibles picarescas y favoritismos, y todas las contrataciones será a través de oferta pública”.